Izquierda y mercado: la condición doméstica del poder

2ª quincena septiembre 2010

En ocasión de ciertas coyunturas críticas[1] que marcaron el gobierno de Tabaré Vázquez, se hizo hincapié en la desactivación estratégica del Frente Amplio. El partido de gobierno se habría transformado en una polea de transmisión del Estado, anulado en su papel de vanguardia orientadora de la movilización de izquierda por una obediencia gubernamental al Ejecutivo. La foto de familia sigue siendo la misma, aunque relativamente descolorida por el paso monocorde de un tiempo de éxitos proclamados y de desencantos electorales[2].

Sin embargo otras expresiones de la izquierda en el país han sufrido avatares análogos y no corresponde dejarlas al margen del análisis en una perspectiva de conjunto. Quizás el caso de la Universidad de la República sea el más significativo. Esta institución estatal dotada de autonomía institucional, absoluta en el plano académico y administrativo, no logra una movilización reformista que sin embargo se convoca desde el mismo rectorado[3].

En cuanto al movimiento sindical, su crecimiento como consecuencia de una pax romana entre empresarios y sindicalistas, instalada por el advenimiento de la izquierda al poder, no ha dejado de anidar una diferenciación con relación al gobierno. En el ámbito gremial se plantea una situación que sintetiza el déficit de movilización universitaria y el dirigismo gubernamental sobre el Frente Amplio: el movimiento sindical presenta una línea de conducción proclive a la movilización reivindicativa, mientras otra orientación descarta una diferenciación estratégica con el gobierno[4].

Los movimientos sociales, en particular los que revisten mayor notoriedad, como el movimiento por los derechos de la mujer o por los derechos humanos, presentan una situación estratégica más favorable, en cuanto la mayor distancia con el Estado permite la reversión entre la reivindicación y el reclamo institucional. Sin embargo, también se distingue con claridad una distancia relativa con el elenco gubernamental y parlamentario, particularmente motivada por la contraposición de sectores frenteamplistas al referéndum contra la Ley de Caducidad, así como por el propio veto presidencial de Vázquez al proyecto de género que incluía la interrupción del embarazo.

Sin embargo, este escenario encuentra en el par gobierno-de-izquierda/fuerza-política-frenteamplista su condición ejemplar, bajo la forma de una paradoja cargada de fatalidad política: ¿porqué el gobierno moviliza socialmente mientras la organización política no concita la participación popular? Tal formulación contradictoria en sus propios términos manifiesta un puente indebido que une lo que debiera estar separado (el gobierno y la población) y separa lo que debiera estar unido (la sociedad y la organización política). Esta disociación con los supuestos teóricos de la organización política y esa vinculación contrapuesta con el marco institucional de la sociedad, permite asimismo formalizar la comprensión de los otros dramas públicos de la izquierda: la desmovilización relativa de los universitarios, la oposición interna de los sindicalistas, el descreimiento de los movimientos sociales.

La clave de fatalidad que se cierne sobre la izquierda surge desde el momento en que alcanza el predominio institucional del Estado, se vincula a una evacuación del problema del poder -considerado tanto una cuestión diferida estratégicamente como una urgencia perentoria del gobierno, ancla finalmente en el paradigma del gobierno en tanto ámbito estatal. Allí llegamos y allí nos topamos con que ni siquiera con mayoría absoluta en el parlamento logramos que el poder articule la base social con el vértice gubernamental. La razón quizás esté, para cierta lectura que gana terreno en tiempos de globalización secular del poder, en que la supremacía política abandonó la cúspide del Estado, para pasar a circular por los meandros de una civilidad.

La cuestión que birla el poder haciéndole burla al Estado es la más característica de los tiempos que corren, bastante más allá del Uruguay. Recordemos el drama del desfondamiento financiero del “primer mundo” en 2008. En cuanto los estados socorrieron con fondos públicos al aparato financiero desplomado tras su bacanal, muchos espíritus altruistas creyeron ver, en el remolque estatal de los bancos, el anuncio de un retorno a las políticas de regulación gubernamental de los mercados. Sin embargo, una vez superada la amenaza coyuntural de una bancarrota generalizada, los gobiernos democrático-representativos volvieron a ceder las riendas de la conducción pública convencidos, en buenos pagadores, de la neutralidad de un mercado instruido por intereses tan infalibles como particulares[5].

En efecto, si la conducción pública es ante todo un asunto económico ¿quién podría conducirla mejor que el mercado? Esta creencia en la fatalidad económica de la res pública puede incluso ser leída como una república del poder ciudadano. En cuanto tal ciudadanía identifica su poder en el espejo del valor de cambio, subordina las distintas figuras de la socialidad a ese reflejo supremo, de forma que termina por convertir toda escala humana en una subcontratación utilitarista.

Esa versión mercantilista de la ideología manifiesta, por su misma verosimilitud, el error que encierra la concepción que vincula el poder con la soberanía de Estado, como si esta supusiera una esencia inalterable y exclusiva, por fuera y por encima de la existencia pública. La concepción foucaldiana del poder, ya desde el planteo del cuerpo social como un todo normativo es la contraria: el poder existe como efecto de un campo sostenido por la actividad de los particulares. Contrapuestos entre sí por sus intereses, los miembros del cuerpo social comparten una red de relaciones de fuerza, a partir de intervenir en tanto elementos heterogéneos y de sostener asimismo un juego estratégico[6].

El punto que siguió a esa discriminación del poder como una red o dispositivo, que se articula en el propio cuerpo social en tanto campo sostenido por la actividad de particulares, consistió en explicar, desde el punto de vista de Foucault, cómo se desarrolla e inscribe, con relación a los cuerpos particulares, el poder constituido como un todo en el cuerpo social. La explicación de esa articulación es capital, porque de ella depende, para el análisis foucaldiano, la posibilidad de discriminar la circulación y fluctuación del poder como tal, independientemente de la voluntad que moldea en los individuos, pero también como efecto de la contraposición activa de los mismos individuos entre sí.

Ahora, Foucault va a encontrar esa articulación en el homo economicus que determina las estrategias de reforma de la penalidad a fines del siglo XVIII[7]. El punto central del análisis, es que el homo economicus no se constituye en medida común de la norma y la pena por su entidad productiva y orgánica, sino por el contrario, en cuanto habilita la medición del delito en términos relativos a costos y ganancias. Se fundamenta en un análisis económico la conveniencia de vincular al delincuente con la norma que lo penaliza y no con el suplicio o el confinamiento, criterio que separa el castigo ejemplar por un lado y la norma jurídica por el otro[8]. En cuanto la crueldad del suplicio infamante implica costos relativos (de los castigos infligidos, de la reincidencia delictiva, del ejercicio de la fuerza pública) mayores que la norma penal que rige una conducta pública, la resolución de los conflictos particulares se vincula económicamente a la norma jurídica y no al poder físico del soberano.

Desde este punto de vista, no sólo el gobierno es una junta de burgueses que oculta sus intereses bajo la máscara del Estado sino que, ante todo, una junta de burgueses postuló que el poder se instrumentaba con mayor eficacia bajo la forma civil del derecho, Estado y gobierno mediante, que bajo la máscara ostensible del monarca. Para esa estrategia de homologación civil del poder, la entidad de los conflictos dentro de una misma sociedad encuentra, con base en la formalización económica, un rasero universal del poder relativo de cada parte. Tal formalización no es eficaz porque sea económica, sino que la economía habilita la formalización eficaz de los conflictos, porque permite monetizar el signo conflictivo del poder, signo monetario mediante.

La racionalidad neoliberal anida, desde este punto de vista, en una génesis política del liberalismo en tanto control público del poder del Estado, por consiguiente, la junta de burgueses en el gobierno no muestra sino la punta del iceberg del golpe de Estado permanente de los poderosos contra los débiles. En tanto síntesis estatal de la res pública, ningún gobierno del cuerpo social puede disolver el dispositivo doméstico que lo sustenta, aunque pretenda mistificarlo en tanto ecuación social del conflicto. Más vale entonces partir del campo social en que se genera efectivamente el poder y desde allí dirimir su entidad en toda su latitud y proyección, ya que ese control del poder de unos por otros ha sido, en definitiva, la moneda misma del poder, que no conviene confundir con el signo monetario.

Razón de más para desconfiar de los gobernantes cuando con actitud hipócrata[9] dicen infundir desde arriba el poder de los de abajo.

[1] En particular las manifestaciones contra el Tratado de Libre Comercio y la huelga del transporte de carga.

[2] Bustamante, M. « El FA comenzó análisis interno » La República (12/09/10) Montevideo http://www.larepublica.com.uy/politica/423649-el-fa-comenzo-analisis-interno

[3] Informe del rectorado Nº 132 http://www.universidadur.edu.uy/blog/?p=806#more-806

[4] « Moderados del Pit-Cnt acusan de « error táctico » al paro general » Observa (12/09/10) http://www.observa.com.uy/actualidad/nota.aspx?id=101941&ex=25&ar=1&fi=23&sec=8

[5] En este blog Viendo pasar el cadáver del neoliberalismo actualización de la 2ª quincena de octubre 2008.

[6] Gabilondo, A. (1990) El discurso en acción, Anthropos, Barcelona, p.170.

[7] « Se trataba de calcular económicamente, o en todo caso de criticar en nombre de una lógica y de una racionalidad económica, el funcionamiento de la justicia penal tal como se la podía constatar y observar en el siglo XVIII »(trad.R.Viscardi) Foucault, M. Naissance de la bio-politique (Leçon du 21 mars 1979) http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=3302

[8] « Dicho de otra forma, el código penal no da ninguna defición substancial, ninguna definición cualitativa, ninguna definición moral del crimen. El crimen, es punido por la ley, punto y aparte. Por lo tanto, ustedes ven que la definición de los neoliberales es casi la misma : es lo que hace correr a un individuo el riesgo de ser condenado a una pena » (trad.R.Viscardi) Foucault, M. Naissance de la bio-politique (Leçon du 21 mars 1979) http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=3302

[9] Viscardi, R. « Hipocrasía : la impostura moral del poder » Democracia del siglo XXI (15/02/10) http://teodulolopezmelendez.wordpress.com/2010/02/15/hipocrasia-la-impostura-moral-del-poder/