Estatización
de la tecno-ciencia: el Soberano apolítico
2ª
quincena diciembre 2012
La inteligencia que
lleva a la constitución de la epistemología, en cuanto supone una racionalidad
de la ciencia, tiende a debilitar la ontología de la naturaleza. Es un
movimiento que conlleva, de forma gradual pero inexorable, una reflexividad segunda que se distingue del
procedimiento reflexivo espontáneo y pone en vilo la condición última de la
experiencia inmediata. Por esa razón de Bachelard[1]
a Agamben[2],
particularmente para la diferenciación que el profesor de Venecia establece entre Foucault y Kuhn, respecto al planteo político de
la ciencia, la distinción entre esta última y la sociedad se torna difusa.
En tal medida, hablar
de “institucionalización de la ciencia”, como lo hace Víctor Bacchetta[3]
con relación a una “presentación en sociedad” de la Academia Nacional de
Ciencias, merece ser objeto de consideración crítica. El artículo de
Bacchetta no apunta a la cuestión epistemológica ni de un estatuto teórico de la ciencia, en cuanto no sólo
es excelente en la información que brinda a guisa de puesta en perspectiva
histórica de las academias de ciencias, sino que además por su propio cierre subraya de forma
sucinta pero aguda, la cuestión política que encierra esta
Academia Nacional de Ciencias, en un momento de significativa movilización
social contra el mega-empresismo de sustentación tecnológica.
Visto desde el punto de
vista periodístico y político, el artículo no merece objeciones, sino quizás
ante todo extensiones, intención que guía este texto de blog. La cuestión es
que la ciencia no es separable, desde el punto de vista de su desarrollo
actual, de la institucionalidad. Esto no refiere primigeniamente al Estado sino,
por la misma constitución de la reflexión epistemológica a la que aludíamos anteriormente,
a la propia institucionalidad social. No existe conocimiento científico que no
suponga una comunidad científica, cuya forma de institucionalidad –no necesariamente
la de una Academia Nacional de Ciencias- subyace en la misma condición de tal asociación académica. Puesta al límite de la posibilidad pública, cualquier actividad académica se apoya institucionalmente en el propio derecho, en cuanto la normativa jurídica admite la constitución de “asociaciones
de hecho”. Tampoco la personería jurídica es condición suficiente para la regulación pública del saber, que en el presente incluso supone la intervención periodística -particularmente en la orientación denominada "periodismo científico", que se ejerce a partir de la propia libertad de opinión. Esta subsunción de la verdad científica en
la comunidad pública quizás encuentra su origen en la misma inserción del saber en la
polis, que según Jean-Pierre Vernant constituye la fuente misma de la democracia griega, en cuanto se confió los “misterios”
religiosos al ámbito ciudadano, arrebatándolos al monopolio del Basileus[4].
Parece difícilmente
sostenible, por consiguiente, la asociación que establece Bacchetta entre “institucionalización
de la ciencia” y la instalación de una Academia Nacional de Ciencias. Pero por
el contrario, parecen plenamente pertinentes las observaciones que despliega
respecto al contexto que transluce esta instalación.
En primer lugar, tras
reseñar las diferencias entre las distintas academias nacionales de ciencias,
desde la primera instalación de la Academia de Ciencias de Francia por Luis
XIV, Bacchetta observa que el caso uruguayo se coloca a medio camino entre la
academia “de Estado” y la academia “reconocida por el Estado”. La observación,
tan aguda como significativa con relación a nuestro contexto, apunta a señalar
una curiosa condición híbrida, que no parece propicia a la delimitación de
esferas de pertenencia, pero habilita por el contrario, a atenuar rasgos de formalización
política entre gasas de anomia ideológica. En efecto, no se
ve lo que tendría para ganar una institucionalidad científica adherida a la
normativa estatal desde el punto de vista crítico –postura cuestionadora que sin embargo los
científicos suelen reivindicar como el propio núcleo de su paradigma teórico.
En segundo lugar, el
artículo señala la curiosa vecindad que presenta este organismo con relación a
otras competencias ya instaladas, en cuanto cita la propia normativa de la
Academia Nacional de Ciencias, que estipula atribuciones que supuestamente no vendrían en desmedro de otras instaladas. Sin duda, la primera aludida es la Universidad
de la República, que parece curiosamente superpuesta, o mejor dicho, supeditada
en las misiones que le atribuye su
propia Ley Orgánica[5],
de cara a un organismo de Estado que vendría a asesorar y orientar en materia
de…ciencia.
En tercer lugar
Bacchetta relata en un breve e incisivo párrafo final, que la “presentación en
sociedad” de la Academia Nacional de Ciencias sufrió a vista y paciencia de sus miembros de
número, además de otros dignatarios allí destacados, la tumultuosa visita de un
grupo de activistas ambientalistas. En medio de una exposición en temática
geográfica, los manifestantes dieron fe de la inquietud que los prometidos
asesoramientos y pronósticos suscitan, por parte de un organismo tan equívocamente
vinculado al poder, entre los destinatarios de tal provisión bienhechora del
saber.
Tanto en la perspectiva política como desde el punto de
vista teórico, ese tríptico que a nuestro juicio articula críticamente el texto
de Bacchetta, quizás pudiera ser objeto de comentarios y desarrollos que van desde la
teoría hasta la actualidad más notoria. Caben sin embargo, ante el debate que la
propia colectividad científica uruguaya inaugura de cara a la comunidad, incluso
tras una propalada “presentación en sociedad” de esta Academia Nacional de Ciencias,
algunas apreciaciones de carácter contextual a partir del artículo que
comentamos.
En primer lugar, hemos señalado en un artículo anterior[6],
una curiosa perspectiva que fuera presentada en un documento público de ADUR
con relación al debate que ese gremio, en aras de la participación el orden
docente en la Universidad de la República, llevara adelante en la perspectiva
de una nueva Ley Orgánica de la misma universidad. Curiosamente, ese texto
presentado por miembros del gremio, sostenía que la universidad debiera
instalar una “adaptabilidad normativa”, paradójicamente vinculada a la misma
norma de ley, que le permitiera presentar sus propuestas institucionales a los
poderes públicos sin rigideces formalizadas. Se trataba de una suerte de instrumentación política, que planteando el horizonte de las transformaciones posibles en la
condición universitaria, disolviera tanto los bloqueos corporativos internos
como las presiones políticas del Estado. En buen romance, la estrategia
universitaria se confiaba a una eficacia política, antes que a una
significación institucional cristalizada normativamente, en una suerte de política académica que se desvinculaba de anclajes públicos. Algo así como el credo político apolítico de la tecno-ciencia.
Quizás esta “sabiduría” de cierta parte de la academia uruguaya tenga que ver con los fracasos que conoció, en lo político e ideológico particularmente, la política de “flexibilización” académica que cierto sector impulsó desde mediados de los 90’. Jaqueada por la memoria cultural de la izquierda uruguaya, particularmente intensa en el movimiento estudiantil, esta tendencia se encuentra sin embargo fuertemente confortada por la deriva neoliberal, que en dispositivos tales como los “Acuerdos de Bolonia”, no cesa de ganar un terreno tan extenso como minado -particularmente tras la crisis de las subprime que desde 2008 parece no tener fin, en particular por el descaecimiento de la “flexibilización” en el sentimiento social.
Quizás esta “sabiduría” de cierta parte de la academia uruguaya tenga que ver con los fracasos que conoció, en lo político e ideológico particularmente, la política de “flexibilización” académica que cierto sector impulsó desde mediados de los 90’. Jaqueada por la memoria cultural de la izquierda uruguaya, particularmente intensa en el movimiento estudiantil, esta tendencia se encuentra sin embargo fuertemente confortada por la deriva neoliberal, que en dispositivos tales como los “Acuerdos de Bolonia”, no cesa de ganar un terreno tan extenso como minado -particularmente tras la crisis de las subprime que desde 2008 parece no tener fin, en particular por el descaecimiento de la “flexibilización” en el sentimiento social.
En segundo lugar, la “substitución”
de las atribuciones que le competen a la Universidad de la República por la Ley
Orgánica, que comienzan a caer en desuso relativo ante homólogas potestades que
el Estado atribuye a organismos paralelos, es una tendencia ya instalada exitosamente desde años atrás. Cabe recordar
que la creación de una Agencia Nacional de Investigación e Innovación fue
resistida sin éxito por un significativo número de académicos, que vieron cómo
la misma izquierda política en la que depositaron la confianza en una mejora
sustancial de la condición universitaria, conspiraba para orientar sus
decisiones financieras hacia destinatarios con significación electoral
diversificada. A esa creación le siguió la de un Instituto Nacional de Evaluación
y desde ya está en marcha, con gran viabilidad política, una Universidad
Tecnológica que violenta de forma expresa un criterio básico de la autonomía
universitaria, al instalarse con la participación de gobiernos departamentales (léase
caudillos locales) en sus “consejos directivos”[7].
En tercer lugar, con
relación al efecto público de una denuncia por parte del activismo
ambientalista y otros sectores movilizados, eventualmente contrapuestos a intervenciones investidas de autoridad
científica, conviene observar que la manifestación que refiere el artículo no
encontró eco en la gran prensa. Análogamente, la tumultuosa manifestación “por
la tierra y la soberanía” que tuvo lugar a mediados de octubre, no logró ser identificada
por el periodismo nacional con relación a una tendencia particular. Por otro
lado, se viene desplegando, desde largo tiempo atrás, una actuación específica en el campo del “periodismo
científico”, que traduce significativas
estrategias corporativas con efectos estructurales en la opinión pública y en
la propia orientación periodística.
Finalmente, conviene
tener en cuenta que en el período inmediatamente posterior a la elección de
Mujica y anterior a la instalación de su mandato, el actual presidente habría
considerado la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología[8],
que impedido quizás de concreción por la exclusividad del planteo, se vio
inmediatamente después explicitado en un ataque a las letras y las humanidades,
que no ha cesado hasta el presente, por parte del propio presidente y de su
entorno[9].
Tanto la virulencia de
la diferenciación entre un saber “aplicable” y otro “inútil”, como el intento
por menoscabar los ámbitos desde donde, más allá de múltiples contradicciones, ha
sido resistida la reorganización del saber con signo neoliberal, marcan un
campo de actuaciones sugestivas. Estos protagonismos concitan cierta
alianza entre el poder político y el saber científico que no parece proclive a
la ciencia, sino a la tecno-ciencia. En condiciones de
globalización consolidada, esta trivialización utilitarista del saber encuentra,
en proveniencia de organismos internacionales y empresas transnacionales,
la mejor traducción por la propia vía de los estados-nación[10].
Esta clave de lectura quizás permita entender muchas ambigüedades que prosperan
en ámbitos de la izquierda uruguaya, incluso como efecto de estrategias que
debieron canalizarse desde el gobierno, ante el fracaso que sufrieron cuando
intentaron ganar los ámbitos democráticos específicos de su incumbencia.
[1] Bachelard, G. (1983) La
formation de l’esprit scientifique, Vrin, Paris, p.244.
[2] Agamben, G. (2008) Signatura
Rerum, Vrin, Paris, pp-14-17.
[3] Bacchetta, V. “Institucionalización
de la ciencia” Voces (06/12/12) Nº
370, p.23 https://2414f8b3-a-1cdd88af-s-sites.googlegroups.com/a/voces.com.uy/web/ediciones/2012/archivos/voces370.pdf?attachauth=ANoY7crtWeVYAWb04vdsoubXIP3LStbJhit8T8sVqoPg6NJGlA_j87G2meVfIHRSnk5xTl4k5BpfCFq5_18f12UVzEkMX_UmUZ_0jwekUD8kZ9_ZB4D2YbO4rfHPqkd9XyZ4_xV2TuxSBqPbo8BOZAJwaHl2ifq6FiQ-nihpfKaFPEUiFbIJ7L8yZIWzxb-d4UTWDr7Uk5XEyilbh5XeOMWeU-1AcpU8tZK-YBW8q5NDvHh1285V8MM%3D&attredirects=0
(acceso el 16/12/12)
[4] Vernant, J-P.
(1993) Mito y pensamiento en Grecia
Antigua, Ariel, España, pp.337-341. http://static.schoolrack.com/files/17592/435767/mitoy_razon_en_grecia.pdf
(acceso el 16/12/12)
[5] Ley Orgánica de
la Universidad de la República http://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2011/3196/leyorganicaudelar.pdf
(acceso el 16/12/12)
[6] Viscardi, R.
“La reforma universitaria y la cuestión de la universidad en el Uruguay” (2009)
Encuentros Uruguayos Nº2 (segunda época) Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Montevideo, pp.248-258 http://www.fhuce.edu.uy/images/archivos/REVISTA%20ENCUENTROS%20URUGUAYOS%202009.pdf
(el artículo no se encontró on-line, lo enviamos al lector en caso de
requerirse y Encuentros Uruguayos lo
mantiene necesariamente en su archivo)
[7] “Universidad
Tecnológica: Mesa Política del FA autoriza nueva negociación” LaRed21 (08/12/12) http://www.lr21.com.uy/politica/1077984-universidad-tecnologica-mesa-politica-del-fa-autoriza-nueva-negociacion
(acceso el 16/12/12)
[8] Viscardi, R. “Carta
abierta al presidente electo, Sr. José Mujica” Arjé Nº3 (segunda época) https://www.box.com/shared/hc4ph1i6fz
(acceso el 16/12/12)
[9] “Ante el título universitario a
otorgarse al presidente José Mujica” http://www.change.org/es/peticiones/ante-el-t%C3%ADtulo-universitario-a-otorgarse-al-presidente-jos%C3%A9-mujica#description
[10] Viscardi, R.
« Autonomía universitaria y crisis de Soberanía” (2011) Fermentario Nº 5,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo, http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/83/20
