Botar el voto: crecen en blanco y anulados
1a. quincena, octubre 2020
Pantallas traidoras
Surgió en la pantalla de TV Ciudad que seguía, en la noche del día de los comicios el escrutinio departamental (27/09/2020), la cifra de (más de) 13% de votos en blanco y anulados en el departamento de Canelones. Los periodistas que formaban parte del panel dirigieron la interrogación al politólogo que lo integraba,1 quien respondió que el dato “estaba mal”, no era posible que uno de cada diez votantes de Canelones hubiera rehusado el sufragio positivo. El especialista basó su falsación del dato en que ese sector del electorado se sitúa en las elecciones uruguayas entre el 2 y el 4% (salvo, según adujo, en las elecciones montevideanas de 2010). El resultado final del escrutinio primario en Canelones, arroja sin embargo, un resultado que pasa por sobre el doble de los precedentes aducidos en ese panel: 8,66 %.2
Ante las elecciones departamentales suelen intervenir criterios que las diferencian de las nacionales, en particular, se aduce la adhesión a figuras locales que interviene, de forma determinante, en las regiones que no forman parte de la zona “metropolitana” (Montevideo y Canelones). En este caso ese criterio parece de escasa significación, ya que las departamentales ganan significación de tendencia electoral, cuando como en este caso, siguen de menos de un año a elecciones nacionales de resultado histórico. Sucedió en 2019, en efecto, que el Herrerismo vuelve a la presidencia 30 años después, se quiebran tres períodos consecutivos (15 años) del Frente Amplio con mayoría parlamentaria absoluta y surge un partido a favor de la impunidad en las violaciones de DDHH.
Esto explica no sólo la tensión que signó este último proceso electoral, sino además, el clima de euforia con que el Frente Amplio festejó su triunfo en el departamento de Montevideo. Tal como lo retoma Derrida en un acápite en que cita a Montaigne “Presenta más problema interpretar las interpretaciones que interpretar las cosas”:3 tal puede decirse de la victoria del Frente Amplio en Montevideo. Intensamente festejado como triunfo que sella una posesión, ese estado de ánimo corresponde a una contraofensiva ante el avance de la Coalición Multicolor (que debiera denominarse Coalición Multiderechas). Pese a tal interpretación que no deja de aliviar a todo aquel que no comulgue con la exacción neoliberal, los datos no dejan de registrar otro repliegue más del Frente Amplio en su bastión electoral: mientras Daniel Martínez obtuvo un 54,8 % de los votos montevideanos en el balotaje, hace ahora poco menos de un año, el Frente amplio escasamente recoge ayer 51,6 % de los sufragios. Pero además (y acá la “interpretación” muestra ser más potente que los hechos-cifras): pierde un municipio más (tres en total), que no es uno más, porque es aquel justamente de una de las zonas más desfavorecidas (léase: bajo signo de marginalidad). El Frente Amplio pierde electorado montevideano en términos absolutos, pero mucho más pierde en términos relativos, porque se confirma que la derecha crece, seguramente por la vía de Cabildo Abierto (partido pro-impunidad en violaciones de DDHH) a costa de votos que supuestamente (para la interpretación frenteamplista) corresponderían a Mujica.4
Potenciada hacia la derecha por la ausencia de pertenencia histórica de izquierda, la misma tendencia se marca en medida mayor en el resto del país, donde el Frente Amplio pierde tres departamentos que pasan manos del Partido Nacional (Rocha, Río Negro y Paysandú), lo que lleva a 16 los departamentos en manos de la coalición de derechas y tres los que conserva el Frente Amplio (Montevideo, Canelones y Salto).
Habida cuenta de que tanto en Montevideo como en el resto del país esta elección sigue (de forma moderada en la zona Metropolitana) la tendencia de la nacional que la antecediera hace casi un año, conviene ahora sí detenerse en las cifras del sufragio rehusado.
En Montevideo llega (en el escrutinio primario) al 4,9% (la predicción de la encuestadora Factum para el departamento era 2,50 %). En las elecciones nacionales de 2019, ese porcentaje en Montevideo fue de 3,48 %, por lo tanto, crece en un 1,5 %, incluso en el territorio más disputado electoralmente y donde, por consiguiente, el argumento del “voto útil” gana mayor eficacia. En Canelones, pasa del 4,51 % en 2019 al 8,66 %. En el conjunto de la zona Metropolitana (Montevideo y Canelones), que reúne el 53% del electorado nacional, este aumento va del 3,99 % al 6,78 % (3,78 % de incremento). El promedio del voto en blanco y anulado para el conjunto del país fue en el día de ayer de 5,23 %, asimismo, cinco departamentos se ubicaron por encima del 6 % para la misma opción (Canelones, Colonia, Lavalleja, Maldonado y Soriano).
Extorsión partidocrática: la obligatoriedad del voto
El argumento que vincula la obligatoriedad del voto con la probidad cívica no resiste el análisis histórico. La obligatoriedad del voto es en el Uruguay efecto de la Reforma Constitucional votada en 1966. La norma fue impulsada por los partidos conservadores que propusieron tal Reforma Constitucional, con el objetivo de impedir que el crecimiento social e internacional de la izquierda latinoamericana, fomentado en Uruguay por la caída abrupta del nivel de vida en los 60’, al que se sumaba además, el aura que ganaba la revolución cubana, llevara a una victoria electoral de la izquierda.5 La manera de impedirlo que se encontró, fue forzar a la “mayoría silenciosa” no movilizada a votar “por tradición”, es decir, por los partidos tradicionales y tradicionalmente conservadores. En el Uruguay el voto obligatorio fue un instrumento contra el compromiso y la movilización militante: es decir, justamente lo contrario que se afirma en su defensa.
La panoplia de sanciones draconianas que acompañan la obligatoriedad del voto, reafirma, asimismo, su condición extorsiva: la imposibilidad de cobrar pensiones y sueldos del Estado, así como de tramitar documentos públicos, suponen amenazas suficientes como para disuadir al más decidido a no votar, a no ser que decida pagar una multa significativa. Tal dispositivo debe asimismo, entenderse en el marco de una obligatoriedad que convierte cada tres años y medio a la opinión pública en “demanda cautiva”, ya que tres elecciones se suceden una tras la otra, en un período que dura efectivamente año y medio: internas de los partidos, nacionales y departamentales. Estas tres elecciones consecutivas le permiten al sistema de partidos y a sus derecho-habientes la permanencia en el candelero de notoriedad, por tiempos en que el sistema de medios (nacional e internacional) es el centro del poder (bastante por encima de los cargos que se ocupan en las instituciones nacionales).
Esta extorsión partidocrática que se introduce por vía de sanción pecuniaria (salarios, pensiones, multas, indocumentación) explica el crecimiento del voto en blanco y anulado, sobre todo una vez que el “progresismo” llevó a lo mismo que “la derecha”: el aumento de la desigualdad y la marginalidad.6 Se genera así un “pharmakon”: aquello que se propone para remediar se convierte en veneno del sistema, en cuanto forzados a votar, los extorsionados terminan por hacerlo, por vía de protesta posible, en blanco o anulado.
Votar en blanco o anulado, no hacer campaña por el voto en blanco o anulado
La determinación de la crisis de los sistemas electorales se encuentra amortiguada, en el Uruguay, por el lugar del sistema de partidos en la sensibilidad y la memoria de la población. Aunque no existiera la obligatoriedad del voto, el porcentaje de votantes en el mismo país sería muy alto. Las variaciones pueden, pese a ello, terminar por ser significativas, sobre todo en momentos en que los movimientos sociales y de opinión toman, redes mediante, distancia cada vez mayor con la institucionalidad de Estado. Tal es el caso del principal movimiento social del Uruguay: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, de honda significación política desde la reinstitucionalización de la democracia representativa. Este movimiento atraviesa desde entonces las coyunturas más complejas y concita además, una adhesión creciente y significativa entre las generaciones más jóvenes. Asimismo, en la reciente “Marcha de la Diversidad”, el conjunto de expresiones sectoriales que se sumó en los márgenes de toda definición partidaria constituye una señal mayor, mal que les pese a las orientaciones que, sobre todo bajo el Frente Amplio, pretendieron colocar la movilización de los márgenes bajo la férula del Estado.
Parece decisivo sostener que la desarticulación de la dominación partidocrática proviene de una socialidad que toma otros rumbos que los de la cristalización institucional de Estado, en cuyo ámbito se ampara, de forma privilegiada, la globalización (tal fue el caso de la 2a. Planta de UPM, refrendada una vez en el gobierno, por los mismos partidos que la reprobaban en período electoral). Por esa razón conviene, al tiempo que se rechaza la extorsión partidocrática, abandonar su cara oculta: la campaña contra la electoralidad. Ninguna campaña contra la delegación representativa logrará botar el voto comicial, porque una vez referida al régimen representativo, la delegación electoral supone los comicios. Que por el contrario sustituye, de forma perenne, la decisión insumisa de contragobernar.
1Daniel Chasquetti.
2Este dato electoral y los que siguen, fueron tomados o establecidos a partir del sitio web de la Corte Electoral: https://www.corteelectoral.gub.uy/
3Derrida, J. “La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas” en Derrida en castellano. Recuperado de: https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/estructura_signo_juego.htm
4Según Oscar Botinelli, un 20% de los votos de Manini vendrían de Mujica. Ver al respecto: "Manini Ríos: la gente está desesperada, votaron a Mujica y ahora a mí” Uy.press (20/09/2019) https://www.uypress.net/auc.aspx?98870
5Ver al respecto, Viscardi, R. “Indiferencia, voto obligatorio y sociedad del enjuiciamiento”: https://www.youtube.com/watch?v=JNOWhn238I0&feature=youtu.be
