UPM-ROU: Agradecimientos

2^a. quincena, noviembre 2017

El texto que sigue fue presentado en el evento “Globalización, poder, pensamiento” que tuvo lugar por iniciativa autoconvocada en el Ateneo de Montevideo, el 13 de noviembre de 2017.

En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación a participar en “Globalización, poder, pensamiento”. En segundo lugar quiero dirigir un agradecimiento de otra índole, al Gobierno Nacional del Uruguay, por el aporte institucional decisivo que ha hecho al Contragobierno, en cuanto acaba de firmar días pasados un acuerdo en pie de igualdad con una empresa transnacional. Queda claro que en este emprendimiento, que se presenta como gravitante para el destino nacional del Uruguay bajo un criterio de desarrollo, cualquiera de las partes puede desistir de los términos del proceso que se promueve conjuntamente, en el curso de un plazo de dos años, a partir de la reciente firma del documento. Si existe igualdad de condiciones de las partes firmantes ¿por qué hablar de “Contragobierno”? Porque las partes no se encuentran en igualdad de condiciones desde el punto de vista gubernamental, aunque sí, como surge del documento firmado, desde el punto de vista contragubernamental.

Cabe aclarar que no está en juego una cuestión de derechos entre personas jurídicas, como la que interviene entre un particular y el gobierno nacional en un estado de derecho: reitero que el documento invoca el desarrollo nacional, de forma inequívoca, como destino del emprendimiento.¹

La desigualdad entre los firmantes que consolida la vigencia del Contragobierno proviene, por lo tanto, de la significación pública de cada una de las partes: una encuentra su razón de ser en la colectividad nacional, la otra en el desarrollo empresarial. Se dirá que entre las llamadas “funciones secundarias” del Estado, que interpreta cada gobierno a su turno, se encuentra la promoción de las mejores condiciones para el desarrollo social y económico de una nación, condiciones de las que forma parte el propio desarrollo empresarial. La novedad consiste en este caso, contrariando ese criterio, en que no es la entidad nacional la que fomenta la empresa para el mejor cumplimiento de sus fines, sino la empresa -por si poco faltara, transnacional- la que pauta las condiciones del desarrollo nacional, fijando metas, modalidades y reservándose la potestad de entender, una vez que la nación uruguaya en este caso, haya desplegado todos los esfuerzos posibles, que los gestos en su favor no satisfacen, a su criterio, la debida evaluación.²

Esta paridad entre el interés empresarial y el interés nacional deja de manifiesto que ninguno de los dos puede aspirar a ejercer por su cuenta la condición soberana, cuya existencia requiere una potestad singular e indivisible de decisión.³ La empresa (UPM en este caso) encuentra vedada esa condición por su propia índole institucional, en cuanto representa un interés particular y no una orientación pública como tal, el segundo (el Gobierno Nacional) por su desistimiento, ya que renuncia a una potestad constitucional al colocarse bajo la férula empresarial.

En cuanto desde el punto de vista de la tradición que integra nuestro país no existe gobierno que no se funde en el principio de Soberanía, la claudicación del gobierno nacional manifiesta el abandono del mismo principio tal como la Modernidad lo postuló: como potestad intangible de un conjunto ciudadano (el pueblo). Esa declinación gubernamental del principio de Soberanía plantea el Contragobierno como discusión o explicitación de la soberanía de cada parte (por ejemplo, a través de condiciones a cumplir recíprocamente por las partes contractantes), de forma tal que instala la posibilidad de que el poder se revierta sobre la escena pública en su conjunto.

Tal posibilidad de contragobierno no supone desconocer, bajo un criterio de subversión institucional, el centro gubernamental del poder en tanto facultad administrativa, sino que el poder, en tanto que conjunto vectorial de distintas incidencias estratégicas, queda distribuido entre una potestad crítica y participativa de los individuos y los grupos, diseminado en el todo social. Tal conjunto no puede, en el presente, entenderse al margen de la emisión a distancia que posibilita la tecnología, ni por consiguiente, como apartado de la movilización inmediata y reivindicativa, a escala nacional e internacional.

Quizás ayude a percibir la orientación del Contragobierno reseñar brevemente, antes de pasar a una propuesta de acción, la genealogía y la cronología, en este caso singularmente entrelazadas, de esta propuesta. Entre los años 1987 y 1990 se publicaron en la revista Relaciones un conjunto de artículos, recopilados en un libro que se denominó “Después de la política”, que se presentó en 1991.⁴ Tal propuesta se apoyaba en el devenir de lo político y señalaba que el ascenso simultáneo y multiplicado, tanto en el Uruguay como en el ámbito internacional, de los movimientos sociales y las empresas transnacionales, iba a perforar la condición supuestamente soberana de los estados-nación. Esta transformación se acompañaba, en el plano del saber, por el ascenso del criterio discursivo, que deslegitimaba la potestad epistémica de la representación, colocándola bajo el criterio singular y diversificador de la enunciación, por naturaleza plural, diversa e idiosincrática.

Hacia inicios del siglo actual, esa propuesta sumó el criterio de globalización, como incidencia de la mediación a través de la tecnología. En cuanto vincula a los individuos en un intercambio a distancia, la interacción mediática determina la articulación de los contextos nacionales y promueve la diseminación de las sensibilidades (etarias, de género, profesionales, etc.), en razón de una proliferación de los márgenes de identificación simbólica. Esa incidencia de la tecnología también determina que la representación social de masas, es decir, la substitución de una presencia colectiva por otra que toma su lugar (pueblo, partido, ideología, etc.), quede progresivamente en manos del empresariado, habilitado para traducir todo asunto público en campaña mediática (inclusive y ante todo, la política partidaria, hoy en manos de publicistas y encuestadores).

Con ese criterio describimos el falso conflicto bi-nacional entre Uruguay y Argentina, como un conflicto de globalización, gobernado mediáticamente por la empresa y motivado ante todo por un conflicto entre la transnacional Botnia y el movimiento social ambientalista de Gualeguaychú. Este análisis dio lugar al libro “Celulosa que me hiciste guapo”, publicado en 2006.⁵

Finalmente en la actualidad la hipótesis del Contragobierno se dedica a estudiar la conformación de un sector tecno-intelectual, integrado por un funcionariado del capital tecnológico (que como sabemos tiene su cotización sectorial en la Bolsa de Valores de algunos países), cuya órbita social se orienta por medio de la “Nueva gestión pública” promovida por el Banco Mundial. Esta dinámica ha llevado en nuestro país a la creación -sugestivamente bajo gobiernos del Frente Amplio- de un conjunto de organismos públicos y mixtos (público-privados) apartados de las instituciones tradicionales de la Educación Pública, con el efecto de desviar fondos estatales en provecho de la empresa transnacional, que obtiene pingües réditos a partir de los saberes biológicos, informáticos y financieros.⁶

Me importa destacar, para neutralizar dos prejuicios que instruyen perversamente nuestra idiosincracia política nacional, a saber “no le hagás el juego a...” y “cuidado...podría ser peor”, que este planteo que sostengo se inicia años antes del primer triunfo electoral del actual partido de gobierno en Montevideo, e incluso reconoce claros antecedentes políticos y académicos personales con anterioridad a mi retorno del exilio. Es por lo tanto el fruto de una reflexión emprendida con la trayectoria formativa y militante, no con la inscripción estratégica, ni menos, bajo un mismo horizonte político. De todo lo anterior se entiende que la propuesta del Contragobierno no es una propuesta nostálgica que anhele retornar a un pasado de soberanía y gubernamentalidad nacional, sino que ante todo se funda en la obsolescencia de esa perspectiva, de la que conviene ya hacer el duelo y a la que corresponde oponer una alternativa efectiva.

Pasemos entonces a la propuesta en el presente. Debiera considerarse a mi entender, que el período de dos años que se da el gobierno nacional para cumplir con las exigencias presentadas por UPM, también es un período de dos años para movilizar y organizar a la colectividad nacional e internacional sobre el alcance y la perspectiva del emprendimiento celulósico. Dos años para cuestionar prebendas impositivas que consolidan un modelo extractivo que se fortaleciera con la instalación de Botnia (ahora UPM) y Montes del Plata, analizar la orientación estratégica que se da a la tecnología bajo signo empresarial, subrayar el impulso que recibirá la desigualdad que ha campeado incrementándose con el mismo modelo económico desde 2005, denunciar el incremento de la marginalidad que conlleva, tal como ha sucedido entre nosotros, todo desarrollo tecnológico que no proviene de una fuente incorporada y autosustentable, condenar los perjuicios ambientales que genera una productividad subordinada a la ganancia. En fin, gracias al acuerdo UPM-ROU dos años de Contragobierno por delante, con movilización y crecimiento crítico !!

1  Contrato ROU-UPM Recuperado de https://es.scribd.com/document/363792007/Contrato-de-inversion-entre-UPM-y-El-gobierno-uruguayo

2 Nuñez, A. "La tan deseada sumisión: el acuerdo entre Uruguay y la corporación finlandesa UPM
https://redfilosoficadeluruguay.wordpress.com/2017/11/10/la-tan-deseada-sumision-el-acuerdo-entre-uruguay-y-la-corporacion-finlandesa-upm/
3Derrida, J. (2001) L'Université sans condition, Galilée, Paris, p.20.

4Viscardi, R. (1991) Después de la política, Juán Darién, Montevideo.

5Viscardi, R. (2006) Celulosa que me hiciste guapo, Lapzus, Montevideo.

6Maniglio, F. (2016). «La subsunción del saber: la transformación de la universidad en la época del Capitalismo Cognitivo», en Sierra, F. (ed.) Capitalismo cognitivo y economía social del conocimiento, Ciespal, Quito, p.191.