Políticas de unidad contra UPM
1a.
quincena, julio 2019
Políticas
de la unidad
Recientemente
adquirió relieve crítico, en la lucha contra la instalación de una
2a. fábrica de pasta de papel de la transnacional UPM
(3a. Mega-usina en el Uruguay), la cuestión de la unidad
entre una miscelánea de grupos y participantes.1
El tema tiene lugar en razón del abigarrado conjunto de grupos y
organismos que se han empeñado en la misma causa, contra una nueva
instalación transnacional en el Uruguay.2
La
misma cuestión de la unidad no tiene lugar como problema, sino una
vez que se plantea la diversidad de una base social como fundamento
de la autoridad. Entendida como asunto propio
al común de una sociedad, sólo con la democracia moderna se plantea el problema de la unidad, ya
que deja de ser dictaminada desde un lugar ajeno a la
diversidad, sea éste la teocracia, la monarquía o el bonapartismo.
Esta
condición política que Foucault llamó “biopolítica”, no
provee por sí misma una forma de gobierno ni puede considerarse, por
lo tanto, efecto de un proceso universal de unidad política.
Ciertas sociedades privilegian el vínculo entre la administración del común y las dinámicas empresariales, que prevalecen en el conjunto
de la estructura pública, como en el caso de los EEUU, en cuyo contexto los
autores de la Escuela de Francfort percibieron el auge de un aparato
político-militar-empresarial. Otras formaciones históricas
privilegian, como en el caso del Uruguay, cierta primacía el
estamento partidario, como efecto de un desarrollo histórico
sumamente dependiente del propio aparato estatal, en razón de la
escala de mercado relativa a la región, determinada a su vez por una
génesis geopolítica de la entidad estatal (Lord Ponsomby
mediante).
Si
bien en el Uruguay las referencias relativas al mercado mundial,
particularmente en el plano de las variaciones de precios
relativos (de la carne, de la lana, del petróleo, etc.) siempre han
sido elementos claves del proceso interno, nunca hasta el presente
sucedió que una estrategia nacional anclara, de forma prolongada y
prioritaria, en la implantación de
emprendimientos productivos gobernados por empresas extranjeras. Si
Julio Herrera y Obes decía verse a sí mismo, desde la presidencia
del Uruguay, como el gerente de una empresa cuyo directorio residía
en Londres,3 se expresaba tal contrariedad de cara a un desideratum,
que el mandatario asumía como notoria
incongruencia. El proyecto del batllismo en la primera mitad del
siglo XX, se hizo el abanderado del trabajo y la producción
nacional, quizás ante todo, de su consistencia educativa.
Los
procesos de implantación de Mega-proyectos transnacionales
introducen una innovación, en cuanto la entidad pública deja de
referirse de forma estratégica al proceso interno a un país, para
pasar a vincularse con las condiciones de desarrollo del mercado
mundial. Por consiguiente el marco de referencia prioritario deja de
ser un desarrollo histórico nacional o, si se quiere, la índole
biopolítica de una población, para pasar a inscribirse dentro de
las pautas propias de una entidad supranacional, cuya configuración
es provista por la tecnología. La condición tecnológica pasa a solventar la consistencia del campo de relaciones, no sólo en la
propia operativa sobre una base física (industria agroquímica,
informatización de las operaciones comerciales, robótica aplicada,
etc.), sino también en el ámbito del discurso. La actual polémica
que se desarrolla en torno a las campañas propagandísticas
orientadas a segmentos de públicos (que se vinculan a la discusión
denominada “postverdad”) son un ejemplo esclarecedor al
respecto.
“Antipolítica”,
“fake news” y “postverdad”: en defensa del poder
institucional
En
este blog se ha señalado como, desde fines de 2017, ya se
desarrollaba una perspectiva que anticipaba el actual año electoral,
a través de una campaña que vinculaba entre sí la “antipolítica”
(entendida como crítica de los partidos políticos y el gobierno
estatal) con la “postverdad” y las campañas de propaganda por
segmentos de opinión denominadas “fake news”.4
Se ponía en esos textos particularmente de relieve, que tal campaña
ya incluía la legislación represiva condenada a criminalizar, en un
espectro difícil de separar de los intereses políticos en juego, el
ámbito que escapara al control de quienes proponían tal represión
desde el campo partidario.5
Conviene
señalar que tales campañas signadas por el trinomio
antipolítica/postverdad/”fake news” no pueden identificarse de
buenas a primeras con “desinformación”, sin incluir bajo el mismo
rótulo, por ejemplo, los condicionamientos informativos que genera
la publicidad partidaria o la propaganda de empresas estatales. Si
se pretendiera establecer un límite definitorio para tal
“desinformación” que dividiera de forma ecuánime la
“información seria” de las “fake news”, bastaría recordar
la estampa del fin de campaña de elecciones internas de los partidos
políticos (junio de 2019), donde formaba parte del estrado levantado
delante de una sede partidaria el mismo pre-candidato acusado de
implementar “fake news” en su favor. ¿Ha anunciado el candidato
electo por el Partido Nacional que renuncia desde ya, a enrolar en
el caudal que exhibe su partido esos votos, sumados por una vía
supuestamente espúrea?
Tales
ambigüedades a las que cabe agregar una alarma generalizada que proviene de
sectores socio-profesionales que se encontrarían desplazados relativamente, se presentan
como otros tantos síntomas del lugar que pasa a ocupar, en el
devenir público, el campo tecnológico de la comunicación. A su
vez, el elemento emergente de este proceso son las redes, terreno
donde se dirime de forma creciente la cuestión de la unidad en el
seno de un contexto público. Parece lo propio de la unidad en las
redes, antes que la jerarquía organizativa que impone acatar cierta
disciplina política, la expresión interactiva de cada quién,
incluyendo a coordinaciones, grupos e individuos. La unidad consiste,
para una política democrática de redes, en ampliar y diversificar
la resonancia mediática de las campañas, en profundizar y proyectar
a un plano más elevado los elementos críticos del debate.
Para
dirimir tal criterio de unidad a partir de la diferenciación
amplificada de protagonistas y opiniones, no nos encontramos
desprovistos de antecedentes significativos. Uno de los más relevantes proviene de la “fake news” propalada por los
medios públicos españoles en ocasión de los atentados de Atocha
(se acusaba a ETA de un atentado de grandes proporciones, en el que
no le cabía responsabilidad, con el propósito de obtener réditos
electorales). Una contra-campaña desarrollada en tan sólo una
semana desde medios alternativos (mailings, mensajes de textos)
generó un sentimiento de aversión ante la política de comunicación
desarrollada por el gobierno de Aznar y determinó su derrota
electoral.
En una exposición recientemente llevada a cabo en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, el Dr. Héctor Méndez subrayó el rol de
las redes sociales y particularmente de facebook, como medio de
organización del movimiento de “chalecos amarillos”. Asimismo
destacó Mendez, como la negativa de los voceros del movimiento a
sostener con las autoridades cualquier intercambio que no fuera
íntegramente transmitido en las redes, conllevó tanto la anulación
en los hechos de toda negociación, como también consolidó la
unidad del movimiento en base a su propia organización mediática.
El
síndrome “Julio Herrera y Obes” y la lucha contra UPM2
Conviene
señalar que el debate sobre la unidad, que se desarrolla en el
movimiento contra la la instalación de una nueva planta de
tratamiento de celulosa en el Uruguay, se intensifica en momentos en
que se desarrolla un año electoral. Ha sido frecuente encontrar, en
las mismas redes destinadas a ese movimiento, convocatorias o debates
relativos a la formación partidaria más idónea para defender los
intereses del movimiento, o con el signo contrario, referidas a la
inutilidad genérica de la opción partidaria. El sesgo
pro-partidario (o incluso cierta nostalgia del rol que "debieran" cumplir los partidos) que ha manifestado un sector
significativo de las intervenciones, señala a las claras que el
“síndrome Julio Herrera y Obes” trasladado al presente (es
decir, el fantasma de una entidad nacional autónoma) sigue siendo
parte de las inclinaciones que pautan la participación en el
movimiento contra la nueva planta de UPM en el Uruguay.
Conviene
a tal respecto recordar el planteo de Noam Chomsky en oportunidad de
su reciente visita al Uruguay, ocasión en que diferenció el
declive de la entidad nacional estadounidense del auge de las
empresas de origen en el mismo país, destacando particularmente la
hegemonía de las “empresas tecnológicas” (Microsoft, Google,
Amazon, Facebook, Apple). Esto significa que la disputa por un
gobierno nacional (y Chomsky se refería al de un país imperial) se
convierte en mero placebo de la dominación, capaz de prolongar más
eficazmente aún la enfermedad, por medio del suministro de un
remedio ilusorio.6
En
cuanto la hegemonía tecnológica es la condición propia del
gobierno efectivo en la actualidad, la medida que pauta la eficacia
de la lucha y por lo tanto también el rumbo de la unidad, no
consiste en ocupar un lugar institucional, perforado ya desde tiempo
atrás por las campañas mediáticas, sino en cuestionar pautas de
conducta gobernadas tecnológicamente. Un ejemplo al respecto lo
proveen las “encuestas de opinión”, que gobiernan desde una
“realidad” que proviene de la emisión a distancia, las presuntas
preferencias que debieran emanar de cada quién.
La
tecnología se vuelve contra el poder, por el contrario, para pautar
condiciones de unidad, cuando plataformas como whatsapp habilitan la identificación colectiva de
reivindicaciones, que generan sus propias pautas de cohesión a
través de mensajes ampliamente compartidos, que incluso pueden
alcanzar circulación “viral”. Estas condicionas tele-sociales
pautan un presente de la movilización que no se reduce a limitar o
substituir dinámicas de Estado, sino que constituye desde ya un
contra-poder ejercido desde la revuelta política.
El
pánico mediático cunde institucionalmente
Antes
que tratarse de un desborde del potencial económico y simbólico
administrado por el Estado, que provoca una reacción sectorial desde la base social, con las redes se desciende sobre el plano mediático y desde ese plano se pauta la efectividad del presente. Esta situación es producto tanto de la
extensión simbólica que alcanza la tecnología como del
debilitamiento de la soberanía en el plano mundial (baste considerar
el papel de la ONU o la OEA al presente). Se suscita así el pánico
mediático de los poderes institucionales,7
capaz de suscitar “pactos” contra la nueva situación, como el
que suscribieron los partidos políticos, a raíz de una iniciativa
emanada de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU).8
Lo que está en juego no es, por consiguiente, el mero poder público
que se ejerce desde el Estado (previa obtención del gobierno
institucional), sino el propio vínculo público que orienta el presente, a través de una difusión potenciada interactivamente.
Signada
por acontecimientos de opinión pública que suponen la diversidad
como condición previa, la unidad del movimiento no puede ser
percibida bajo una misma columna organizativa. En un planteo
democrático de redes la unidad de acción no puede provenir de un
único centro orgánico, en cuanto el acontecimiento que la concita
cunde a través de la pluralidad más acentuada.
Nunca
antes el poder estuvo tan lejos de la Soberanía, como una
vez puesto bajo el
signo de una democracia de redes. Por
encima de anclajes históricos, la
Soberanía significa la
condición indivisible de lo uno. La unidad en la globalización va
por la senda contraria, cumple con el propósito pluralista
de sumarse como diferente,
adviene cuando la democracia se traduce
como posibilidad emergente de
cada quién.
1Sarthou,
H. “Informe sobre coordinaciones” (24/06/2019) Movimiento
Ciudadano UPM2 No
https://www.facebook.com/search/top/?q=movimiento%20ciudadano%20upm2%20no&epa=SEARCH_BOX&_rdc=1&_rdr
2Según
el comunicado de prensa emitido por la Coordinadora Nacional
contra UPM, con oportunidad de
la presentación de una carta ante el consulado de Finlandia en el
Uruguay, integran dicha coordinadora más de 40
organizaciones.
3“José
Batlle y Ordóñez” Protagonistas
de nuestra América,
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/protagonistas/batlleordonez.html
4Ver
en este blog “Antipolítica” como alarma: “Regresistas del
mundo, uníos”
https://ricardoviscardi.blogspot.com/2018/02/antipoliticacomo-alarma-regresistas-del.html
Asimismo
el Prólogo de Viscardi, R. Carballal, R. (2018) Criminalización
mediática de la crítica, Maderamen,
Montevideo.
5Ver
Otheguy, M. “Democracia
y Redes Sociales”, La Diaria. https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/6/democracia-y-redes-sociales/
6Respecto
a la visita de Chomsky al Uruguay, ver en este blog “Caradamianto”:
el caradura mediático”
https://ricardoviscardi.blogspot.com/2017/07/caradamianto-el-caradura-mediatico-1a.html
7Ver
al respecto en este blog “Denuncia, pánico mediático y
criminalización de la protesta”
https://ricardoviscardi.blogspot.com/2016/06/denunciapanico-mediatico-y_26.html
8“Partidos
políticos uruguayos firmaron pacto ético contra la desinformación”
PNUD
(26/04/19)
http://www.uy.undp.org/content/uruguay/es/home/presscenter/articles/2019/04/partidos_politicos_firman_pacto_eticto_contra_desinformacion.html